La percepción social de los proyectos tecnológicos energéticos ha cambiado radicalmente durante las dos últimas décadas, haciendo que algunos proyectos “mueran” antes de que se puedan desarrollar debido a la presión de grupos de interés, movilizaciones ciudadanas e incluso a la politización partidista. Esto ya lleva tiempo pasando, muchos ciudadanos adoptan unas opiniones dirigidas sin que se tenga la información veraz y conozca verdaderamente los riesgos.
La industria energética debería darle mayor importancia a la comunicación de estos proyectos, así como los periodistas deberíamos informar más y mejor, especialmente en un contexto de reducción de las emisiones de dióxido de carbono donde hay ya nuevas tecnologías emergentes que implican cierto grado de aceptación social como la fusión nuclear, la captura y almacenamiento de CO2, fractura hidráulica, energía termosolar y fotovoltaica, hidrógeno y pilas de combustible, entre otros.
No todas las formas de obtener energías tienen los mismos riesgos y ventajas, ahí está el papel del informador, más allá de recoger las declaraciones de portavoces hay que ofrecer información veraz a la ciudadanía para que puedan formarse una opinión con criterio científico como responsables consumidores de energía.
La aceptación social para los ingenieros y promotores de estos proyectos es fundamental, pero partiendo de la transparencia, quedando atrás la época donde tan sólo se perseguían los permisos legales y relegaba la comunicación a un papel ornamental, ahora ya es determinante, especialmente en los proyectos que tienen un impacto directo sobre el territorio de forma visible.
Por tanto, la aceptación social debe ser un elemento imprescindible para el desarrollo de un proyecto en un territorio, más allá de la interpretación tradicional de la oposición a todo a través del ya concepto clásico simplista de NUMBY o “not in my backyard”. Por tanto, desde la industria energética debería reforzarse las interacciones con las comunidades locales donde se van a desarrollar proyectos con cierta incidencia ambiental ofreciendo acceso a las fuentes de información y transparencia sobre los posibles riesgos, si es que los hay.
La comunicación es y debe ser una prioridad, así como la información veraz y transparente, incrementando la cooperación entre científicos, tecnológicos, periodistas y ciudadanos, que puedan formarse una opinión –sea cual sea– legítima pero a partir de la información veraz y transparente. Así fue en el caso del almacén de CO2 cercano a la localidad burgalesa de Hontomín, donde se lleva tiempo experimentando con estas tecnologías y donde existían todos los elementos para una oposición ciudadana que finalmente no se produjo porque la comunicación fue un pilar básico, tanto por iniciativa propia como por recomendación desde la Comisión Europea.
Sin embargo, hay muchas otras iniciativas en marcha que no están considerando la comunicación como una prioridad como el Almacén Temporal Centralizado de residuos radioactivos que se está planeando construir en la localidad conquense de Villar de Cañas.
Una sociedad mejor informada es una sociedad más democrática.
