Me decían el otro día unos alumnos de la Universidad Carlos III que mi clase había resultado bastante tediosa. Eran de un curso de postgrado de periodismo científico y ambiental. Pero a continuación reconocieron que la charla había sido una novedad “tediosamente provechosa” para ellos, y aseguraban que nunca se les había ocurrido pensar que pudiera existir una especialidad periodística así, y con ese enorme potencial como fuente primaria de información para la elaboración de reportajes o análisis y estudios científicos.

Ciencia y Parlamento, el nombre de mi charla, es una especialidad dentro del periodismo de ciencia y tecnología desconocida en nuestro país (también en la mayoría de los desarrollados); especialidad dedicada a informar acerca de la elaboración de la política nacional de ciencia y tecnología.

Tradicionalmente la información de política científica que aparece en los medios -si es que aparece- se refiere a elaboración y aplicación de leyes, programas, planes, presupuestos, medidas concretas u ocasionales, pero esas informaciones no se remontan a los orígenes, a la gestación y a los debates, discusiones y modificaciones que se producen antes de su aprobación y posterior promulgación y aplicación. Esa primera etapa, la más esencial para saber qué tipo de desarrollo científico y tecnológico se quiere para este país, es el que está ausente en los medios de comunicación, y, diría más, es un terreno perfectamente desconocido para la mayoría de los profesionales que se dedican al PC, que son pocos ciertamente si los comparamos con el enorme número que forman los dedicados a el periodismo de ciencia y tecnología rosa, sensacionalista o enciclopédico.

Un ejemplo clarificador de esto es, por ejemplo, el caso de la Ley de la Ciencia o de los Presupuestos Generales del Estado destinado a I+D. En el caso de la Ley de la Ciencia, en su día (1986) se habló del contenido de esta Ley como aquella mediante la cual se creaba el actual sistema español de Ciencia y Tecnología, impulsada por el Ministerio de Educación y Ciencia; se habló de su aprobación y promulgación. Sin embargo, poco o nada se publicó de los pasos que llevaron a su elaboración primero y aprobación después. De modo que pocos son los que saben que dicha elaboración supuso un total de 69 intervenciones de diputados del Congreso aparte de las intervenciones del Gobierno.

Otro tanto sucede con los PGE, el Ministerio de Educación y Ciencia informa del capítulo correspondiente al gasto en I+D y en universidad, pero poco o nada se conoce acerca de los trámites de elaboración y de las diferentes posiciones de los grupos parlamentarios que llevan a plantear numerosísimas intervenciones; en el correspondiente a los PGE para 2008 el total fue de 212 intervenciones en pleno más 173 comparecencia de autoridades y funcionarios en Comisión. Y todo esto es información, como les explicaba a los alumnos; información de primera mano y de enorme relevancia. Tanto como que son en estas cuestiones donde realmente se pueden observar las diferentes orientaciones que sigue la política de un país, en el caso nuestro, de la investigación científica (*) y tecnológica. Una política siempre proclamada prioritaria, pero nunca llevada al primer plano de la realidad socio-económica del país. No basta con decir que es prioridad del Gobierno, hay que saber que la política de I+D es ya hoy la columna vertebral del desarrollo social. Y todo ello está ausente en los diferentes medios de comunicación; información que nada tiene que ver, como podrán comprender, con lo que ofrecen los actuales medios de comunicación y no digamos ya de las revistas de divulgación.

(*) El concepto de investigación científica abarca aquí las ciencias experimentales y las humanidades.